RECLAMACIONES PATRIMONIALES A LA ADMINISTRACIÓN POR DAÑOS SUFRIDOS POR LA APROBACIÓN Y GESTIÓN, ANTES Y DESPUÉS DEL ESTADO DE ALARMA

04.05.2020

A raíz de la aprobación por el Gobierno del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se acordó el cierre de multitud de actividades, que a causa de la medida están sufriendo daños económicos. Ante dicha circunstancia, cabe preguntarse si deberán ser resarcidas por estas pérdidas económicas.


El citado Real Decreto 463/2020 disponía en su artículo 10, suspender la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio, hostelería y restauración, verbenas, desfiles y fiestas populares. 

Esta medida ha supuesto pérdidas absolutamente inasumibles para la economía de cualquier empresa, especialmente al no haberse podido dotar de ninguna seguridad a dichas empresas o profesionales, ya que no se adoptaron medidas eficaces que permitieran paliar este cierre en la mayor parte de casos, lo que ha conllevado la destrucción de empresas, la ruina de profesionales y la pérdida en general de riqueza de los ciudadanos. Tanto es así que si bien este artículo trata de los cierres empresariales totales o parciales sufridos, es compatible en sus fundamentos con las reclamaciones que pudieran realizar también los particulares por los daños sufridos a causa de cualesquiera de las medidas adoptadas.

El estado de alarma, así como los de excepción y sitio, son figuras jurídicas que emanan de nuestra vigente Constitución, y que en su artículo 116, se remite a una Ley Orgánica para su desarrollo. La norma pues a la que debemos acudir, es la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

La citada Ley Orgánica, en relación a los tres estados que desarrolla, y en relación a los daños que pueda causar, dispone en su artículo 3 lo siguiente:

'Dos. Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes.'

Así pues, debemos acudir las normas básicas administrativas para recordar la base de toda reclamación patrimonial a la adminsitración. El artículo 32 de la Ley 40/15, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, que al efecto dispone que: " Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos".

La primera de las discusiones pues, vendrá aquí, respecto a si se entiende que la pandemia es fuerza mayor, o si existe deber de soportarlo de acuerdo con la Ley.

La crisis mundial provocada por el Covid19, a priori podría hacer pensar que con certeza nos encontramos ante un caso de fuerza mayor, entendido como aquel inevitable e impredecible, pero la realidad es que la comparativa con otros países cercanos geográficamente, podría hacer pensar que la gestión previa tanto de las CCAA como del Estado, han sido deficientes en la preparación, así como las medidas adoptadas a posteriori, que quizás en algunos casos hayan sido desproporcionadas o directamente injustificables. A tal efecto, debemos acudir al artículo 34 de la Ley 40/2015 que dispone que "no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos".

Así pues, los esfuerzos por acreditar que no existía realmente imposibilidad por parte de la administración, para impedir o minimizar los daños sufridos, ante los avisos públicos de la OMS y la situación global comparada, centrarán el debate en estos procedimientos, que tampoco podrán dejar de lado las claves de todo procedimiento de reclamación patrimonial a la administración, para ajustar al caso concreto los daños sufridos, así como una evaluación económica fiel y detallada de estos.

Por otro lado, no es cuestión baladí, si bien no hay duda sobre la legitimación activa que se tiene como quien directamente recibió el daño, o sus herederos, o incluso de organizaciones o asociaciones legalmente habilitados para la representación de un sector, la legitimación pasiva no es tan clara en este aspecto, y condicionará el devenir del procedimiento toda vez que según el órgano del que proceda el daño sufrido deberemos acudir a un órgano judicial u otro de conformidad con las reglas de los artículos 6 y ss de la  Ley dela Jurisdicción Contencioso Administrativa, siempre que no optemos por acudir directamente a la vía civil si actuamos directamente contra la compañía aseguradora de la administración concreta. Así pues, debemos determinar si el daño ha venido producido por una actuación del Consejo de Ministros, de la Comunidad Autónoma, o existe una concurrencia de ambas. Respecto del hecho reclamado puede no haber duda si existe una respuesta por parte de la administración, pero puede ser una cuestión vital en el previsible caso de que no haya respuesta en el plazo máximo de tramitación del expediente, y decidamos acudir a la vía jurisdiccional atacado un acto dictado por silencio, ya que podemos encontrarnos con haber dirigido nuestra reclamación a un órgano equivocado.