RECURSOS CONTRA INCUMPLIMIENTOS DEL ESTADO DE ALARMA

22.04.2020

Como proceder ante la imposición de sanciones por incumplir con las limitaciones de movilidad impuestas por el Estado de Alarma

Tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que decretaba el estado de alarma, se impuso a la población española toda una serie de obligaciones, o limitaciones, que implicaban el confinamiento y limitaban la posibilidad de abandonar su domicilio salvo en determinados supuestos tasados.

Estas obligaciones, las encontramos en el art 7.1 del citado Decreto, que a grandes rasgos, eran la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, retorno al lugar de residencia habitual, asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, desplazamiento a entidades financieras y de seguros, causas de fuerza mayor o situación de necesidad.

Ante la nueva excepcional situación, se cuentan por millares los incumplimientos de la misma, tanto por desconocimiento como por inobservancia, tanto penales como administrativos. Los incumplimientos con relevancia penal, principalmente serán aquellos tipificados por desobediencia a la autoridad o atentado contra la autoridad, en que si bien requerirá también acreditarse incumplimiento del citado Decreto para la imposición de una condena, tienen más relación con la conducta mostrada ante el requerimiento efectuada por el agente de la autoridad, que con el contenido en si de la norma -generalmente-. Por ello, en el presente artículo queremos centrarnos en la vertiente administrativa de la infracción, y en especial, respecto de la discusión jurídica que más páginas está rellenando estos días: ¿El mero incumplimiento de la norma, si se atiende al requerimiento de un agente, puede sancionarse?

La práctica totalidad de infracciones que se están imponiendo, se están tipificando en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que establece que como infracción la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.

La aplicación de este precepto, viene dado por cuanto que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, dispone en su artículo 20 que "el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio", y siendo que dicha LO, también se remite genéricamente a que la desobediencia será sancionada "con arreglo a lo dispuesto en las leyes" (art 10.1), la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana parece la más adecuada.

La aplicación de esta norma ha creado un debate jurídico, que ha alcanzado a la Abogacía General del Estado, Que acabó realizando un informe no exento de polémica, sobre tipificación y competencia administrativa para tramitar y resolver procedimientos sancionadores por incumplimiento de las limitaciones impuestas durante el Estado de alarma.

En dicho informe se hace referencia también a la posibilidad de sancionar por incumplimientos de la ley 33/2011, de 4 de octubre, general de Salud Pública, por conductas que puedan producir un riesgo o un daño grave para la salud de la población, o la ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil por el incumplimiento de órdenes o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes. Debido a su aplicación residual, no valoraremos en la presente la aplicación de estas normas, si bien podes consultar el citado informe de la Abogacía del Estado, adjunto en este mismo artículo. https://www.icab.es/files/242-501780-DOCUMENTO/2020-04-14-TS-20-169-C-Serveis-essencials-LAJ-GPA-TPA-AJ-Bcn15-4-20.pdf

Volviendo a la tipificación del art 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, existen dos posiciones encontradas, entre aquellos juristas que consideras que la infracción nace por el mero incumplimiento del confinamiento, mientras que otros consideran que debe existir un incumplimiento respecto del requerimiento expreso efectuado por una persona con condición de autoridad.

Quien suscribe el presente artículo, es de la opinión que no es necesario que exista un requerimiento expreso de un funcionario para que se produzca la infracción del artículo 36.6 de la LO 4/2015, en tanto que ese requerimiento ya lo ha efectuado previamente el Consejo de Ministros en el RD 463/2020 en su artículo 7, con una publicidad tal que carece de sentido alegar su desconocimiento.

Recordemos que el literal del citado artículo 36.6, tipifica la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. El Consejo de Ministros, es sin duda autoridad, y el mandato impuesto en el art 7 del Decreto es claro, por tanto a la hora de impugnar estas infracciones conviene centrarse en desacreditar el supuesto incumplimiento, especialmente en aquellos casos el que se sancionen conductas poco claras como el tipo de compra efectuada, si una persona se dirige o no a trabajar o un lugar de los permitidos, y en general todos aquellos en que se haya actuado más allá de la presunción de veracidad, de que gozan los funcionarios que actúen en su condición de autoridad, de conformidad con el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, lo que tendremos que acreditar mediante la aportación de las pruebas que estimemos oportunas.

Lo mismo sucede con los incumplimientos que se han venido sucediendo por el incumplimiento de los sucesivos Decretos de estado de alarma y las medidas de flexibilización, especialmente aquellos relativos a las salidas del domicilio para efectuar paseos fuera de los horarios permitidos, o para hacer deporte, que están resultando muy numerosas, tanto por la relajación de la población en general con el virus como por exceso recelo en ocasiones de las autoridades. Deberemos pues, acudir siempre al caso concreto a la hora de impugnar estas infracciones, sin que exista como tal una fórmula mágica aplicable a todos los casos.