EL PROCEDIMENTO ESPECIAL Y SUMARIO SOBRE DETERMINADAS CUESTIONES DEL DERECHO DE FAMILIA

20.05.2020

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

El Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, entre muchas otras medidas en el ámbito de la Administración de Justicia, ha establecido la creación de un procedimiento, especial y sumario, que se encontrará en vigor durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización.

En dicho procedimiento especial, se tratarán las siguientes demandas sobre las cuestiones en derecho de familia que se relacionan a continuación:

a) Las demandas que pretendan equilibrar el régimen de visitas, para casos en los que, como consecuencia de las medidas adoptadas, alguno de los progenitores no hayan podido atender a los términos en el régimen de visitas, o los términos de la custodia compartida, ya sea por exceso o por defecto.

b) Las demandas que pretendan la revisión de las medidas económicas definitivas, ya sea pensiones entre cónyuges o a favor de hijos, en caso en que la revisión tenga como motivo la variación sustancial de las circunstancias económicas de los progenitores como consecuencia de la crisis sanitaria.

c) Las demandas que pretendan la revisión de la obligación de prestar alimentos, cuando el pariente obligado haya variado sustancialmente sus circunstancias económicas como consecuencia de la crisis sanitaria.

A los efectos de clarificar estos supuestos, entendemos que, en el caso del primer apartado, nos encontraremos con supuestos de aquellos progenitores que se hayan visto privados de su derecho a tener a los hijos menores en su compañía y, esta privación, sea consecuencia directa de las restricciones en la movilidad de las personas impuestas por las medidas adoptadas en el estado de alarma.

En el segundo apartado, nos encontraremos ante supuestos en los que, el progenitor obligado a prestar la pensión (ya sea a favor de los hijos o a favor del cónyuge, en casos de pensión compensatoria), haya variado sustancialmente su situación económica por consecuencia de la crisis sanitaria. En este caso, todo apunta a que nos encontraremos con un gran volumen de casos en los que, el progenitor obligado a abonar pensión, se haya visto afectado por un ERTE, o directamente un despido, y, también, que haya visto afectada su eventual actividad empresarial.

El tercer apartado hace referencia a todos aquellos casos sobre obligación de prestar alimentos a favor de los parientes que tienen derecho a ello, más allá de las medidas paterno filiales. Este es el caso de los alimentos de origen familiar, que vienen regulados en el Capítulo VII, del Titulo III, del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña. En el caso del derecho civil común, viene regulado en el Título VI del Libro Primero del Código Civil.

2.- COMPETENCIA Y TRAMITACIÓN DEL PROCESO.

En la mayoría de los procedimientos, será competente el Juzgado de 1ª Instancia que adoptó las medidas que rigen la relación entre cónyuges e hijos, así como en el que se sustanció el eventual procedimiento de divorcio.

Para el caso en que se pretenda el establecimiento de pensión de alimentos a favor de familiares obligados a ello, será competente el Juzgado de 1ª Instancia del domicilio del demandado, a no ser que ya exista la pensión de alimentos y se pretenda su revisión, para lo cual será competente el Juzgado que dictó la Sentencia.

En cuanto a la tramitación, las principales variaciones con respecto a un proceso común de modificación de medidas son las siguientes:

  • Se elimina el trámite de contestación escrita a la demanda, la cual podrá hacerse oralmente en la propia vista.
  • Se hace especial incidencia en la labor del Juzgador para intentar que las partes lleguen a un acuerdo, cuestión que, en la práctica, ya realizan multitud de jueces de familia.
  • En el caso de que la demanda pretenda restablecer el equilibrio en cuanto a régimen de visitas o custodia compartida, se oirá al menor; y, en el resto de casos, también se le dará audiencia, siempre y cuando sea mayor de doce años.
  • La Sentencia que decida sobre el sentido del fallo, en los casos en que se celebre la vista y no se haya podido alcanzar un acuerdo entre las partes, podrá ser en forma oral (lo cual está expresamente prohibido para los procedimientos civiles según el artículo 210.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La forma en la que se dicte la Sentencia, oral o escrita, dependerá del criterio razonable del Juez. No obstante, si en ese momento, alguna de las partes manifiesta su intención de recurrir, el Juez deberá dar forma escrita a la Sentencia y notificarla por el procedimiento establecido.

3.- BREVES CONSIDERACIONES SOBRE ESTE PROCESO.

Pese a que la exposición de motivos del Real Decreto Ley 16/2020 anuncia la creación de un proceso "ex novo", la realidad es que pocas variaciones tiene con respecto al procedimiento que ya regula el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, menos aún, si nos detenemos a observar la práctica habitual de los Juzgados de Familia, sobre todo en el caso de intentar acuerdos

transaccionales entre los cónyuges, esfuerzo que se realiza por los Juzgadores desde hace años con aquel argumento en tono persuasivo, que en muchas ocasiones hemos oído los Letrados, de "la Sentencia que yo ponga, no gustará a ninguno de los dos".

Por otro lado, la posibilidad de solicitar citaciones y pruebas anticipadas "con al menos cinco días de antelación" a la celebración de la vista (y no cinco días después de recibir la citación); así como los trámites de audiencia a los menores, unido a la posibilidad de las partes y del Juez de solicitar pruebas a practicar en un plazo máximo de quince días, si no pudieran practicarse en el acto de la vista (todo ello incluido en el artículo 5); diluyen, cuando no disuelven, el carácter de sumario que pretende el espíritu del procedimiento.

Otra cuestión que se nos plantea incide en el ámbito temporal de la vigencia de dicho procedimiento. Por un lado, el artículo 3 comienza estableciendo que dicho proceso "especial y sumario" regirá durante la vigencia del estado de alarma, y hasta tres meses después de su finalización. Pues bien, teniendo en cuenta que, probablemente, durante toda la vigencia del estado de alarma, la actividad de la Administración de Justicia estará paralizada, o reanudada bajo mínimos vitales; y, teniendo en cuenta la gran cantidad de demandas que puedan preverse, estos tres meses posteriores al estado de alarma para mantener vigente un procedimiento "especial y sumario" se nos antoja algo utópico. La más que probable realidad es que se tramiten modificaciones de medidas con arreglo a este procedimiento durante un largo período de tiempo.

En Barcelona, a 19 de mayo de 2020.

Samuel Pintado Santos

Col ICAB 29553